Estados Unidos se prepara para un cambio drástico en sus procedimientos de inmigración a medida que nos acercamos a septiembre de 2026. Esto se debe a que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han publicado recientemente un nuevo memorándum sobre la política de «carga pública» en el que se explica cómo los funcionarios determinarán la inadmisibilidad de una persona por considerarse una «carga pública».
El memorándum orientativo se publicó el 18 de agosto de 2026 y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Si vas a solicitar tu tarjeta verde mediante el ajuste de estatus, tienes que estar al tanto de esta nueva consecuencia.
¿Qué cambia con la nueva política sobre la «carga pública»?
Según el marco vigente de 2022, el USCIS suele centrarse en las ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de los ingresos y en la asistencia institucional a largo plazo financiada por el Gobierno a la hora de determinar si existe una carga pública. Muchas otras prestaciones quedaron específicamente excluidas de esta consideración.
La norma de 2026 adopta un enfoque más amplio. Deroga el marco normativo de 2022 y otorga a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para evaluar la situación general del solicitante. El objetivo es determinar si es probable que la persona se convierta en una carga pública en algún momento.
Este nuevo enfoque no significa que recibir una prestación pública implique automáticamente que te denieguen la tarjeta verde. El USCIS afirma que los funcionarios valorarán los hechos de cada caso en su conjunto. El hecho de haber recibido una prestación será uno de los varios factores a tener en cuenta.
¿Qué factores tendrá en cuenta el USCIS?
Los funcionarios del USCIS deben tener en cuenta cinco factores principales que exige la ley de inmigración:
- Edad
- Salud
- Situación familiar
- Patrimonio, recursos y situación económica
- Formación y competencias
Los funcionarios también pueden tener en cuenta otra información que les ayude a determinar si es probable que un solicitante se convierta en una carga pública. Esto incluye la solicitud de aprobación o certificación para recibir prestaciones públicas sujetas a condiciones de recursos económicos, o el hecho de que el solicitante ya reciba dichas prestaciones.
Esta revisión más exhaustiva podría significar que se pedirá más información sobre la situación económica y personal de los solicitantes. La situación laboral, los niveles de ingresos, los activos, las titulaciones y otros indicios de independencia podrían ser clave en la revisión.
Las prestaciones públicas podrían recibir más atención
Para las prestaciones recibidas a partir del 18 de septiembre de 2026, los funcionarios del USCIS podrán tener en cuenta cualquier prestación pública sujeta a condiciones de recursos como parte del conjunto de circunstancias. Esto supone un enfoque más amplio que el marco de 2022. Por lo tanto, programas como Medicaid, SNAP y ciertas ayudas a la vivienda sujetas a condiciones de recursos podrían llegar a ser relevantes en una evaluación de «carga pública».
Sin embargo, esto no significa que se tengan en cuenta todas las prestaciones públicas. Las prestaciones que no están sujetas a condiciones de recursos y ciertas prestaciones por derecho propio, como las prestaciones de la Seguridad Social basadas en el historial laboral de una persona, las pensiones públicas, el seguro de desempleo y las prestaciones para veteranos, no se consideran prestaciones públicas sujetas a condiciones de recursos.
El momento en que se utilizan las prestaciones también es importante. Las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre se seguirán evaluando, por lo general, según el marco de 2022. Las prestaciones recibidas a partir de esa fecha podrían revisarse según el enfoque más amplio de 2026.
¿Qué pasa con el formulario I-485?
El cambio de normativa también afecta al formulario I-485. Se trata de la solicitud que utilizan los solicitantes para solicitar la residencia permanente o ajustar su estatus.
El USCIS ha actualizado el formulario para recabar más datos relacionados con las decisiones sobre la condición de «carga pública». Esto incluye datos como la situación familiar y si la persona recibe algún tipo de ayuda social. Los solicitantes también tienen que explicar cuándo y por qué recibieron esa ayuda.
Los solicitantes deben tener en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, ya que el nuevo sistema se aplicará a todas las solicitudes de ajuste de estatus con fecha a partir del 18 de septiembre de 2026. Las solicitudes presentadas correctamente antes de esa fecha suelen seguir el marco anterior.
Los que presenten la solicitud durante este periodo concreto deben consultar las instrucciones de presentación vigentes del USCIS. Si usas un formulario desactualizado, te pueden denegar la solicitud.
¿Qué deben hacer los solicitantes?
Quienes soliciten el ajuste de estatus deben saber si la norma sobre la carga pública les afecta. Los solicitantes deben llevar un registro de toda su documentación financiera, como ingresos, empleo, patrimonio, formación, competencias y otros recursos económicos.
Quien haya recibido o esté recibiendo prestaciones públicas sujetas a condiciones de recursos no debe dar por hecho que esa prestación le haga automáticamente inadmisible. El nuevo sistema se basa en un análisis global de todas las circunstancias. La importancia de una prestación dependerá del perfil general del solicitante.
Dado que la nueva política ofrece mayor margen de discrecionalidad, a los solicitantes con perfiles financieros y migratorios complejos les vendría bien revisar su situación personal antes de presentar la solicitud.
Si tienes alguna duda sobre cómo afectará la política de «carga pública» de 2026 a tu solicitud de cambio de estatus, puedes pedir ayuda a Coleman Law Group para que te expliquen cómo afecta la nueva política a un caso concreto de inmigración.
